Expandirse a España puede parecer sencillo para una empresa europea.
Dentro de la Unión Europea no existen barreras aduaneras. La movilidad de trabajadores suele ser más ágil. Las estructuras societarias resultan familiares. Y muchas normas fiscales parten de un marco europeo común.
Pero operar dentro de la UE no elimina las obligaciones fiscales locales.
Una empresa que vende, contrata, invierte o gestiona operaciones en España debe cumplir con el sistema fiscal español. El grupo tendrá que determinar dónde tributan los beneficios, si ha creado un establecimiento permanente, cómo se aplica el IVA español y qué obligaciones laborales y de nómina surgen.
Los directivos que se trasladan a España se enfrentan, además, a otras cuestiones. Pueden cambiar su residencia fiscal, la tributación de sus rendimientos del trabajo y de sus inversiones, así como su situación frente a la Seguridad Social.
Todos estos aspectos están relacionados. Una decisión comercial u operativa puede generar consecuencias fiscales en otra área.
Esta guía recoge los principales puntos que las empresas y los directivos europeos deben analizar antes de entrar en España o ampliar su presencia en el país.
¿Cómo afecta el sistema fiscal español a las empresas europeas?
El sistema fiscal español opera en tres niveles: estatal, autonómico y local.
La Administración central gestiona los principales impuestos empresariales, entre ellos:
- el Impuesto sobre Sociedades;
- el Impuesto sobre el Valor Añadido;
- el Impuesto sobre la Renta de no Residentes;
- las retenciones e ingresos a cuenta;
- la mayoría de las declaraciones informativas empresariales.
Las comunidades autónomas tienen competencias sobre determinados tributos que afectan a las personas físicas, como parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Los ayuntamientos también exigen tributos locales, como el Impuesto sobre Actividades Económicas y determinados impuestos vinculados a bienes inmuebles.
Para una empresa europea, el resultado fiscal depende de algo más que del país en el que se haya constituido.
Las principales preguntas son:
- ¿Qué actividad se desarrollará en España?
- ¿La empresa contará con personal o instalaciones en el país?
- ¿Quién negociará y aprobará los contratos?
- ¿Cómo se financiará la actividad española?
- ¿Habrá movimientos de bienes o prestaciones de servicios entre Estados miembros?
- ¿Se trasladarán directivos a España?
- ¿Qué entidad asumirá los riesgos comerciales?
Las respuestas determinan cómo tributará la operación en España y qué altas, declaraciones y registros serán necesarios.
¿Necesita una empresa europea constituir una filial en España?
No siempre.
Una empresa europea puede acceder al mercado español mediante distintas estructuras. Las más habituales son una filial española, una sucursal registrada o la prestación directa de servicios y ventas desde otro Estado miembro.
La elección dependerá del modelo de negocio del grupo, de su grado de implantación y de la actividad prevista en España.
Operar mediante una filial española
Una filial es una sociedad española con personalidad jurídica propia y separada de la matriz europea.
Por norma general, tributa por el Impuesto sobre Sociedades sobre sus beneficios imponibles. También debe cumplir con las obligaciones contables, la formulación y depósito de cuentas anuales, el IVA, las nóminas y las obligaciones mercantiles.
La filial ofrece una separación jurídica y operativa clara entre la actividad española y la sociedad matriz.
Puede ser adecuada para grupos que prevén:
- contratar un equipo local;
- formalizar contratos en España;
- mantener activos o existencias en el país;
- establecer una presencia comercial estable;
- reinvertir beneficios en España;
- operar con un equipo directivo local.
No obstante, las operaciones de la filial con el resto del grupo deben ajustarse a la normativa española sobre precios de transferencia.
Operar mediante una sucursal en España
Una sucursal es una extensión de la sociedad extranjera. No tiene personalidad jurídica propia.
Los beneficios atribuibles a la sucursal suelen tributar en España. La empresa debe identificar qué ingresos, gastos, activos y riesgos corresponden a la actividad española.
Una sucursal puede requerir menos formalidades societarias que una filial. Sin embargo, no debe considerarse una alternativa exenta de tributación ni una estructura con escasas obligaciones de cumplimiento.
La actividad española puede seguir necesitando:
- registros contables locales;
- declaraciones del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes;
- alta y declaraciones de IVA;
- registro laboral y de nóminas;
- declaraciones de retenciones;
- soporte documental para las operaciones entre la sucursal y la casa central.
La sucursal también puede exponer de forma más directa a la sociedad extranjera frente a las obligaciones y responsabilidades generadas en España, ya que ambas forman parte de la misma entidad jurídica.
La fiscalidad es solo uno de los factores que deben valorarse. El grupo también debe analizar la responsabilidad, el gobierno corporativo, el acceso a financiación local, la percepción del mercado y sus planes a largo plazo en España.
Para una comparativa más detallada, consulta nuestra guía sobre cómo elegir entre una filial, una sucursal o una oficina de representación en España.
Vender en España sin constituir una entidad local
Una empresa europea puede empezar vendiendo bienes o prestando servicios en España desde otro Estado miembro.
Esta opción puede funcionar cuando la actividad mantiene un carácter realmente transfronterizo. Pero no implica, por sí sola, que la empresa carezca de obligaciones fiscales en España.
La empresa puede tener que analizar:
- el alta en el IVA español;
- las declaraciones de operaciones intracomunitarias;
- el mantenimiento de existencias o centros logísticos en España;
- las retenciones;
- el riesgo de establecimiento permanente;
- las obligaciones de nómina del personal que trabaja en España.
No tener una filial no significa que no exista presencia fiscal en España.
¿Cuándo puede una empresa europea crear un establecimiento permanente en España?
Puede existir un establecimiento permanente cuando una empresa no residente desarrolla su actividad en España a través de un lugar fijo de negocios.
También puede surgir cuando una persona actúa habitualmente en España por cuenta de la sociedad extranjera y dispone de facultades suficientes para negociar contratos o adoptar decisiones comerciales.
El análisis debe realizarse conforme a la normativa española y al convenio para evitar la doble imposición aplicable.
Entre las situaciones de riesgo más habituales se encuentran:
- una oficina o centro de actividad fijo;
- un almacén utilizado para funciones que exceden una actividad auxiliar;
- un empleado local que negocia o formaliza contratos;
- un directivo que gestiona una unidad de negocio desde España;
- un proyecto de instalación o construcción de larga duración;
- un agente comercial dependiente;
- una actividad continuada que forma parte del negocio principal de la empresa.
El trabajo a distancia merece especial atención.
Que un empleado trabaje desde su domicilio en España no crea siempre un establecimiento permanente. Sin embargo, el riesgo aumenta cuando desarrolla funciones directivas, comerciales o generadoras de ingresos.
La situación debe analizarse con mayor detalle cuando el trabajador:
- gestiona clientes españoles;
- dirige una unidad de negocio europea;
- negocia condiciones comerciales relevantes;
- aprueba contratos;
- controla presupuestos locales;
- representa a la empresa de forma habitual.
La empresa debería revisar el acuerdo antes de que el trabajador empiece a prestar servicios desde España.
La existencia de un establecimiento permanente puede generar obligaciones en materia de tributación empresarial, contabilidad, IVA, nóminas y declaraciones informativas. Si se identifica tarde, la empresa también puede enfrentarse a intereses, sanciones y a la reconstrucción retroactiva del beneficio imponible atribuible a España.
¿Cuándo puede una sociedad convertirse en residente fiscal en España?
Una sociedad puede considerarse residente fiscal en España cuando:
- se ha constituido conforme a la legislación española;
- tiene su domicilio social en España;
- su sede de dirección efectiva se encuentra en España.
El criterio de dirección efectiva es especialmente relevante para los grupos europeos con fundadores, administradores o equipos directivos con movilidad internacional.
Una entidad constituida en otro país de la UE puede enfrentarse a una regularización de su residencia fiscal si las decisiones empresariales clave se adoptan realmente desde España.
Entre los indicios de riesgo se encuentran:
- administradores que trabajan principalmente desde España;
- decisiones estratégicas adoptadas en España;
- contratos aprobados desde España;
- control de la tesorería y las finanzas desde España;
- escasa actividad directiva real en el país de constitución.
La documentación societaria debe reflejar lo que sucede en la práctica.
Las actas del consejo, los poderes delegados, las responsabilidades directivas y la ubicación de quienes toman las decisiones deben respaldar la residencia fiscal prevista.
¿Cuál es el tipo del Impuesto sobre Sociedades en España?
El tipo general del Impuesto sobre Sociedades es del 25 %.
Determinadas entidades pueden aplicar tipos reducidos o especiales, entre ellas algunas empresas de menor dimensión, sociedades de nueva creación y entidades acogidas a regímenes fiscales específicos.
El tipo nominal no se aplica directamente sobre el resultado contable.
La base imponible puede requerir ajustes por:
- gastos no deducibles;
- amortizaciones;
- provisiones;
- pérdidas por deterioro;
- límites a la deducibilidad de intereses;
- bases imponibles negativas;
- operaciones vinculadas;
- dividendos y plusvalías;
- deducciones e incentivos fiscales.
Por tanto, una sociedad matriz europea no debería estimar el impuesto español aplicando simplemente el 25 % sobre el resultado contable local.
Una previsión fiscal fiable debe identificar los principales ajustes fiscales y su impacto en el tipo efectivo de tributación del grupo.
¿Pueden los dividendos procedentes de España beneficiarse de las ventajas fiscales de la UE?
En determinadas circunstancias.
Los dividendos pagados por una filial española a una sociedad matriz residente en otro Estado miembro pueden beneficiarse de la Directiva Matriz-Filial y de la normativa interna española.
Si se cumplen los requisitos, la retención española puede reducirse o eliminarse.
La exención no se aplica de forma automática.
El grupo debe revisar:
- el porcentaje de participación;
- el periodo de tenencia;
- la situación fiscal de la matriz;
- la condición de beneficiario efectivo;
- la sustancia económica;
- las normas antiabuso;
- la documentación justificativa.
Una sociedad matriz europea no debe asumir que disponer de domicilio en la UE basta para aplicar una retención del 0 %.
También deben analizarse la cadena de propiedad, la justificación empresarial de la estructura y la actividad económica real del perceptor.
¿Cómo tributan los dividendos y las plusvalías a nivel societario?
Las sociedades españolas pueden beneficiarse de la exención por participación sobre determinados dividendos y plusvalías.
Siempre que se cumplan los requisitos legales, el 95 % de la renta puede quedar exento. El 5 % restante suele considerarse un gasto de gestión no deducible.
Este régimen puede resultar relevante cuando una sociedad española:
- recibe dividendos de otra entidad del grupo;
- transmite una participación que cumple los requisitos;
- opera como sociedad holding regional;
- mantiene filiales en España o en otros países de la UE.
La exención depende de factores como el porcentaje de participación, el periodo de tenencia y la situación fiscal de la sociedad participada.
También deben revisarse las normas antiabuso y los requisitos de sustancia.
Una estructura holding debe responder a necesidades reales de negocio y de gobierno corporativo, y no limitarse a perseguir una ventaja fiscal aparente.
¿Cómo funcionan las bases imponibles negativas en España?
Las sociedades españolas pueden compensar, con carácter general, las bases imponibles negativas sin un plazo máximo de caducidad.
Sin embargo, la cantidad que puede compensarse en un ejercicio puede estar limitada.
Las bases imponibles negativas deben revisarse con especial atención en adquisiciones, reestructuraciones y reorganizaciones de grupo.
El comprador debería comprobar:
- cómo se generaron las pérdidas;
- si se declararon correctamente;
- si se conserva la documentación justificativa;
- si han sido revisadas por la Administración tributaria;
- si los cambios de propiedad afectan a su utilización;
- si se aplican límites anuales a su compensación.
Una base imponible negativa declarada no constituye automáticamente un activo fiscal plenamente recuperable.
¿Qué incentivos fiscales existen en España?
España ofrece distintos incentivos que pueden reducir el coste de una inversión.
Entre ellos se encuentran:
- deducciones por investigación y desarrollo;
- incentivos a la innovación tecnológica;
- el régimen de patent box;
- incentivos para producciones cinematográficas y audiovisuales;
- regímenes especiales para empresas emergentes;
- deducciones vinculadas a determinadas inversiones;
- incentivos regionales;
- el Régimen Económico y Fiscal de Canarias;
- el régimen de neutralidad fiscal para reestructuraciones.
Los incentivos de mayor valor suelen exigir documentación técnica y un registro detallado de los costes.
Las deducciones por I+D son un buen ejemplo. No basta con incurrir en gastos potencialmente elegibles. La empresa debe poder explicar la naturaleza del proyecto, la incertidumbre tecnológica y el criterio utilizado para asignar los costes.
La revisión debería realizarse durante la planificación de la inversión.
Consulta nuestra guía sobre incentivos fiscales y ventajas financieras para filiales en España para conocer las principales oportunidades disponibles.
¿Cómo funciona el IVA español para las empresas de la UE?
El IVA español forma parte del sistema común de IVA de la Unión Europea, aunque siguen existiendo obligaciones locales de registro y declaración.
El tipo general es del 21 %.
Se aplican tipos reducidos del 10 % y del 4 % a determinados bienes y servicios. Algunas operaciones están exentas o sujetas a reglas especiales.
Para una empresa europea, las principales cuestiones son:
- ¿La operación es una entrega o prestación interior en España?
- ¿Se trata de una entrega o adquisición intracomunitaria?
- ¿Se aplica la inversión del sujeto pasivo?
- ¿La empresa traslada existencias propias a España?
- ¿Es necesario darse de alta a efectos de IVA?
- ¿El cliente es una empresa o un consumidor final?
- ¿Los servicios están vinculados a un inmueble situado en España?
- ¿Se aplican las reglas de venta a distancia?
- ¿La empresa utiliza el régimen de ventanilla única?
- ¿Puede deducirse el IVA soportado en España?
Entregas y adquisiciones intracomunitarias
Los bienes que se trasladan entre España y otro Estado miembro pueden calificarse como entrega intracomunitaria en un país y adquisición intracomunitaria en el otro.
El tratamiento fiscal depende del cumplimiento de los requisitos materiales y formales.
La empresa debería conservar pruebas de:
- la validez del número de IVA intracomunitario del cliente;
- el transporte de las mercancías;
- la operación comercial;
- la correcta redacción de la factura;
- la inclusión de la operación en las declaraciones correspondientes.
La falta de pruebas de transporte o un número de IVA no válido puede impedir la aplicación del tratamiento previsto.
Traslado de existencias a España
No es necesario que exista una venta para que surjan obligaciones de IVA en España.
El traslado de existencias propias desde otro país de la UE a un almacén en España puede generar una operación intracomunitaria asimilada y la obligación de registrarse a efectos de IVA.
Esta situación es habitual en:
- comercio electrónico;
- centros de distribución y fulfillment;
- acuerdos de existencias de reserva;
- depósitos en consignación;
- logística mediante plataformas digitales;
- modelos de distribución regional.
La posición de IVA debe revisarse antes de trasladar la mercancía.
Servicios prestados entre países
Muchos servicios B2B prestados entre empresas de la UE quedan sujetos al mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
Sin embargo, existen excepciones.
Los servicios relacionados con inmuebles, eventos, transporte, restauración y determinadas actividades locales pueden tributar en el lugar donde se prestan físicamente o donde se encuentra el inmueble.
La descripción contractual no determina por sí sola el tratamiento del IVA. Debe analizarse la prestación real.
El IVA no siempre es financieramente neutro
El IVA puede convertirse en un coste real cuando:
- el IVA soportado no es total o parcialmente deducible;
- la empresa realiza operaciones exentas;
- la factura no cumple los requisitos formales españoles;
- el alta se tramita fuera de plazo;
- la cadena de suministro se ha clasificado de forma incorrecta;
- se retrasa una devolución;
- las operaciones de importación o almacenamiento se estructuran mal.
El IVA debe integrarse en la planificación de tesorería, la política de precios y el diseño contractual.
No conviene esperar a que venza la primera declaración española.
¿Cuándo se aplican retenciones en España?
Las sociedades y los establecimientos permanentes pueden estar obligados a practicar retenciones sobre determinados pagos.
Entre ellos:
- dividendos;
- intereses;
- cánones;
- honorarios profesionales;
- rentas de alquiler;
- rendimientos del trabajo;
- determinados pagos a no residentes.
La normativa de la UE y los convenios para evitar la doble imposición pueden reducir o eliminar la retención en algunos supuestos.
Por ejemplo, pueden resultar aplicables:
- la Directiva Matriz-Filial;
- la Directiva sobre Intereses y Cánones;
- un convenio bilateral para evitar la doble imposición.
La aplicación de la ventaja fiscal depende del cumplimiento de los requisitos legales.
El pagador español debe confirmar:
- la identidad del perceptor;
- su residencia fiscal;
- la condición de beneficiario efectivo;
- los porcentajes de participación;
- el periodo de tenencia;
- la sustancia económica;
- la posible aplicación de normas antiabuso;
- la disponibilidad de documentación válida.
La sociedad española puede seguir siendo responsable si aplica incorrectamente un tipo reducido.
¿Cómo afectan los precios de transferencia a los grupos europeos?
Las operaciones entre una sociedad española y otras entidades vinculadas del grupo deben valorarse conforme al principio de libre competencia.
Esto significa que el precio debe ser equivalente al que habrían pactado partes independientes en condiciones comparables.
Entre las operaciones vinculadas más habituales se encuentran:
- servicios de gestión;
- soporte informático;
- compras centralizadas;
- financiación;
- licencias de propiedad intelectual;
- empleados compartidos;
- acuerdos de distribución;
- servicios de fabricación;
- acuerdos de reparto de costes.
La Administración tributaria no revisará únicamente el importe facturado.
También puede preguntar:
- ¿Se prestó realmente el servicio?
- ¿La sociedad española obtuvo un beneficio?
- ¿El servicio se duplicó a nivel local?
- ¿Cómo se calculó el conjunto de costes?
- ¿Se incluyeron costes propios del accionista?
- ¿Por qué se aplicó un margen concreto?
- ¿Coincide el contrato con la conducta real de las partes?
- ¿Obtiene la sociedad española una rentabilidad adecuada a sus funciones y riesgos?
Una factura de cierre de ejercicio con una descripción genérica como “servicios de gestión del grupo” no suele ser suficiente.
El modelo de precios de transferencia debe definirse antes de que comiencen las operaciones. Después debe aplicarse de forma coherente en los contratos, las facturas, la contabilidad y las declaraciones fiscales.
¿Qué documentación de precios de transferencia se exige?
Las sociedades españolas pueden estar obligadas a preparar y conservar documentación del grupo y documentación específica de la entidad local.
El alcance depende de factores como el tamaño de la empresa, el importe de las operaciones y la naturaleza de las transacciones vinculadas.
Determinadas operaciones también deben declararse mediante el modelo 232.
Los grupos europeos deberían coordinar la documentación española con su política global de precios de transferencia.
Sin embargo, el master file del grupo no sustituye la explicación concreta de la actividad de la entidad española.
La documentación local debe mostrar:
- qué funciones desarrolla la sociedad española;
- qué activos utiliza;
- qué riesgos asume;
- cómo se determinaron los precios;
- por qué el resultado obtenido resulta adecuado.
¿Cómo interactúan las directivas europeas y los convenios fiscales?
Las directivas fiscales de la UE y los convenios para evitar la doble imposición reducen la fricción fiscal en operaciones transfronterizas.
Pero no funcionan del mismo modo.
Las directivas europeas pueden ofrecer ventajas para determinados pagos entre sociedades vinculadas de distintos Estados miembros.
Los convenios distribuyen las potestades tributarias entre España y otro país. También pueden:
- definir el concepto de establecimiento permanente;
- limitar las retenciones;
- determinar dónde tributan los rendimientos del trabajo;
- establecer mecanismos para eliminar la doble imposición;
- prever procedimientos amistosos entre administraciones.
La normativa española sigue siendo relevante.
El grupo debe determinar qué norma resulta aplicable, si se cumplen sus requisitos y qué documentación debe conservarse.
La pertenencia a la UE no elimina las normas antiabuso. Los beneficios pueden denegarse cuando el perceptor carece de sustancia, no es el beneficiario efectivo o forma parte de una estructura artificial.
¿Cuándo se convierte un directivo en residente fiscal en España?
Con carácter general, una persona se considera residente fiscal en España cuando permanece más de 183 días durante el año natural.
Pero el cómputo de días no es el único criterio.
La residencia también puede surgir cuando el principal núcleo o base de las actividades o intereses económicos se encuentra en España.
Además, existe una presunción salvo prueba en contrario cuando el cónyuge y los hijos menores dependientes residen habitualmente en España.
Por tanto, un directivo puede convertirse en residente fiscal español aunque:
- mantenga su contrato laboral con una empresa de otro país de la UE;
- siga cobrando su salario en el extranjero;
- conserve una vivienda fuera de España;
- el desplazamiento se califique como temporal;
- viaje con frecuencia;
- el traslado se produzca a mitad de año.
Los residentes fiscales en España tributan, con carácter general, por su renta mundial.
Esto puede incluir:
- salario;
- bonus;
- retribución en acciones;
- dividendos;
- intereses;
- rentas inmobiliarias;
- ganancias patrimoniales;
- pensiones extranjeras.
El análisis de residencia debería realizarse antes del traslado. Puede afectar a las retenciones de nómina, la ecualización fiscal, el coste del desplazamiento y la retribución neta del directivo.
¿Pueden los directivos acogerse al régimen de impatriados?
Determinados directivos y otros profesionales que se trasladan a España pueden optar por el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados.
Se conoce habitualmente como “Ley Beckham”.
Bajo este régimen, las personas elegibles mantienen la condición de contribuyentes por el IRPF, aunque tributan, en términos generales, conforme a reglas basadas en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Los rendimientos del trabajo que cumplen los requisitos tributan, con carácter general, al 24 % hasta 600.000 euros. El exceso queda sujeto a un tipo superior.
El régimen puede aplicarse durante el año en que se adquiere la residencia fiscal y los cinco ejercicios siguientes, siempre que se mantengan las condiciones.
Puede resultar aplicable a:
- trabajadores desplazados a España;
- personas contratadas por una empresa española;
- determinados administradores;
- emprendedores que cumplan los requisitos;
- algunos profesionales altamente cualificados;
- personas que desarrollen actividades de formación, investigación o innovación que cumplan las condiciones.
La elegibilidad depende de las circunstancias concretas.
La solicitud también debe presentarse dentro del plazo legal.
¿El régimen de impatriados siempre resulta beneficioso?
No.
El tipo del 24 % puede parecer atractivo, pero la comparación debe abarcar la situación completa del directivo.
Entre los factores relevantes se encuentran:
- la retribución total;
- las rentas de inversiones en el extranjero;
- las ganancias patrimoniales;
- las deducciones disponibles en el régimen ordinario;
- la situación familiar;
- la retribución en acciones;
- la titularidad de inmuebles;
- la exposición al Impuesto sobre el Patrimonio;
- la duración prevista del desplazamiento.
En algunos casos, el régimen ordinario puede ofrecer un resultado más favorable.
Conviene modelizar ambas alternativas antes de presentar la opción.
¿Cómo se aplican las reglas europeas de Seguridad Social?
La fiscalidad y la Seguridad Social son ámbitos distintos.
Un trabajador puede tributar en España y, al mismo tiempo, permanecer temporalmente cubierto por el sistema de Seguridad Social de otro Estado miembro.
Las normas europeas de coordinación buscan evitar que una persona cotice en dos sistemas a la vez.
Un trabajador desplazado puede mantener la cotización en su país de origen cuando se cumplen los requisitos legales y se obtiene el correspondiente certificado A1.
El análisis depende de:
- la duración del desplazamiento;
- el lugar habitual de trabajo;
- si el trabajador presta servicios en varios países;
- la relación entre la empresa de origen y la entidad receptora;
- el carácter temporal del desplazamiento;
- si sustituye a otro trabajador desplazado.
El certificado A1 no debe tratarse como un trámite secundario.
Acredita qué legislación de Seguridad Social resulta aplicable.
¿Qué obligaciones de nómina pueden surgir en España?
Una empresa europea puede tener obligaciones de nómina en España aunque no disponga de una filial española.
La respuesta depende del lugar de trabajo, la residencia fiscal del empleado, la cobertura de Seguridad Social y la presencia de la empresa en España.
Entre las posibles obligaciones se encuentran:
- el alta del empleador;
- la práctica de retenciones en la nómina española;
- el registro en la Seguridad Social;
- la declaración de salarios y beneficios;
- la declaración de la retribución en acciones;
- la gestión de una nómina espejo;
- los resúmenes anuales de rendimientos del trabajo;
- la coordinación con la nómina del país de origen.
La nómina debe incluir toda la remuneración sujeta a tributación.
Esto puede abarcar:
- salario base;
- bonus;
- vivienda;
- gastos escolares;
- vehículo de empresa;
- ayudas de traslado;
- pagos de ecualización fiscal;
- incentivos en acciones;
- aportaciones a planes de pensiones.
Los errores en nóminas internacionales son habituales porque la información se reparte entre recursos humanos, finanzas, el proveedor de nómina del país de origen y el asesor español.
Es esencial definir un proceso claro de comunicación y revisión.
¿Qué es la cotización adicional de solidaridad?
España ha introducido una cotización adicional de solidaridad sobre las retribuciones que superan la base máxima de cotización.
Afecta tanto a la empresa como al trabajador y se implantará de forma progresiva.
La medida resulta especialmente relevante para directivos, administradores y especialistas con retribuciones elevadas destinados en España.
Los empleadores deben incorporarla al cálculo de:
- el coste laboral total;
- los presupuestos de desplazamiento;
- los cálculos de gross-up;
- los paquetes retributivos de directivos;
- las provisiones de nómina.
Nuestra guía sobre la cotización adicional de solidaridad explica su funcionamiento y los aspectos que deben prever las empresas.
¿Qué deben saber las empresas sobre los trabajadores desplazados?
Una empresa europea que desplaza trabajadores a España debe analizar algo más que la Seguridad Social.
Según las características del desplazamiento, el empleador puede tener que revisar las condiciones laborales españolas, las comunicaciones de desplazamiento, las retenciones de nómina, el riesgo de establecimiento permanente, el reembolso de gastos, el registro horario, la prevención de riesgos laborales, los requisitos de extranjería para nacionales de terceros países y la coordinación entre la entidad de origen y la entidad receptora.
Los análisis fiscal, laboral y de Seguridad Social deben realizarse de forma conjunta. Un desplazamiento puede cumplir con la normativa de Seguridad Social y, aun así, generar obligaciones de nómina o un riesgo de establecimiento permanente.
Los servicios de movilidad internacional para empresas de GCO ayudan a estructurar desplazamientos internacionales, traslados intragrupo y procesos de expatriación conforme a las obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social aplicables.
¿Deben los directivos tener en cuenta el Impuesto sobre el Patrimonio?
En determinados casos.
Los directivos que se convierten en residentes fiscales en España pueden tener que considerar:
- el Impuesto sobre el Patrimonio;
- el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas;
- las obligaciones informativas sobre bienes y derechos en el extranjero;
- las estructuras de inversión extranjeras;
- los trusts u otras figuras similares;
- el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El resultado depende de factores como:
- la comunidad autónoma de residencia;
- el valor de los activos;
- la estructura de propiedad;
- el régimen económico matrimonial;
- las exenciones disponibles;
- la aplicación del régimen de impatriados;
- los convenios fiscales aplicables.
Las diferencias autonómicas pueden ser relevantes.
Por ello, los directivos deberían revisar su patrimonio antes del traslado, y no limitar el análisis a su salario.
¿Qué declaraciones puede tener que presentar una empresa europea en España?
El calendario fiscal depende de la estructura y la actividad de la empresa.
Entre las obligaciones más habituales se encuentran:
- la declaración del Impuesto sobre Sociedades;
- los pagos fraccionados;
- las declaraciones de IVA;
- las declaraciones de operaciones intracomunitarias;
- las declaraciones de retenciones;
- las obligaciones de nómina;
- las cotizaciones a la Seguridad Social;
- la declaración de operaciones vinculadas;
- las altas y modificaciones censales;
- las declaraciones informativas anuales;
- el Suministro Inmediato de Información, cuando resulte aplicable.
Un buen calendario fiscal debe incluir algo más que las fechas de presentación.
También debe indicar:
- quién proporciona los datos;
- qué sistema genera la información;
- quién revisa las cifras;
- cómo se concilian las declaraciones con la contabilidad;
- qué documentación debe conservarse;
- quién aprueba la presentación.
Los problemas de cumplimiento suelen aparecer cuando la responsabilidad está repartida entre varios países y departamentos.
Asignar funciones claras reduce ese riesgo.
¿Qué áreas suelen atraer la atención de la Administración tributaria?
Los grupos europeos que operan en España suelen enfrentarse a revisiones relacionadas con:
- establecimientos permanentes;
- precios de transferencia;
- servicios de gestión;
- financiación intragrupo;
- deducibilidad de intereses;
- recuperación del IVA;
- operaciones intracomunitarias;
- aplicación de exenciones o reducciones en retenciones;
- residencia fiscal de directivos;
- trabajadores desplazados;
- obligaciones de nómina;
- sustancia económica;
- utilización de bases imponibles negativas;
- diferencias entre declaraciones y datos contables.
La Administración tributaria contrasta información procedente de múltiples fuentes.
Las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades pueden revisarse junto con las declaraciones de IVA, los registros de nómina, la documentación de precios de transferencia, los estados financieros y la información recibida de otros países.
La coherencia es esencial.
La estructura jurídica, los contratos, las facturas y la operativa real deben reflejar la misma realidad empresarial.
Siete preguntas que conviene responder antes de entrar en España
Una empresa europea debería resolver estas cuestiones antes de iniciar su actividad.
1. ¿Qué hará la empresa en España?
Identifica las personas, los activos, las funciones y los riesgos que se situarán en el país.
2. ¿Conviene operar mediante una filial, una sucursal o un modelo transfronterizo?
Compara las consecuencias fiscales, jurídicas, financieras y comerciales.
3. ¿Puede la actividad crear un establecimiento permanente?
Analiza las oficinas, los trabajadores a distancia, las facultades comerciales, los proyectos y los representantes locales.
4. ¿Cómo se relacionará la operación española con el resto del grupo?
Define la política de precios de transferencia para servicios, financiación, bienes y propiedad intelectual.
5. ¿Qué altas y obligaciones de IVA surgirán?
Traza el movimiento de bienes y servicios antes de comenzar a facturar.
6. ¿Quién trabajará en España?
Revisa la residencia fiscal, la nómina, las reglas sobre trabajadores desplazados, la Seguridad Social y el régimen de impatriados.
7. ¿Quién gestionará el cumplimiento en España?
Crea un calendario, asigna responsabilidades y establece un proceso de suministro y revisión de la información.
Estas preguntas permiten integrar la fiscalidad en el modelo operativo y evitan que se convierta en una corrección de última hora al cierre del ejercicio.
Preguntas frecuentes sobre el sistema fiscal español
¿Qué necesita una empresa europea antes de presentar impuestos en España?
Normalmente, necesitará un número de identificación fiscal español y las altas correspondientes ante la Agencia Tributaria.
También deberá poder comunicarse electrónicamente con las administraciones. En la práctica, esto implica obtener y gestionar un certificado digital. Las empresas lo utilizan para presentar declaraciones, acceder a notificaciones, responder a requerimientos y realizar trámites con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Conviene gestionarlo antes del primer vencimiento. Una notificación electrónica no leída puede producir efectos legales, por lo que la empresa debe decidir quién controlará el buzón electrónico y atenderá las comunicaciones recibidas.
Nuestra guía explica qué es el certificado digital y por qué resulta esencial para operar en España.
¿Es España una jurisdicción de alta tributación para las empresas europeas?
Depende de la estructura, el sector y la actividad de la empresa.
El tipo del Impuesto sobre Sociedades es solo una parte del análisis. La carga fiscal efectiva también puede verse afectada por las limitaciones a la deducibilidad de intereses, los ajustes de precios de transferencia, las retenciones, la recuperación del IVA, los costes laborales y los incentivos disponibles.
Una estructura bien diseñada puede beneficiarse de exenciones por participación, deducciones por I+D, convenios fiscales o directivas europeas. Una estructura mal alineada puede generar costes fiscales incluso cuando el tipo nominal parece competitivo.
La comparación más útil no es únicamente el tipo impositivo español frente al de otro país. Es el coste fiscal total de aplicar el modelo de negocio en España.
¿Puede un grupo europeo utilizar España como jurisdicción para una sociedad holding?
En algunos casos.
España dispone de normas que pueden favorecer determinados dividendos y plusvalías, además de un régimen especial para entidades de tenencia de valores extranjeros.
La estructura debe cumplir los requisitos legales, de sustancia y antiabuso.
Para ampliar la información, consulta nuestro artículo: ¿Es una sociedad holding la mejor opción para gestionar filiales internacionales?
¿Pueden transferirse beneficios entre España y otro país de la UE sin tributación adicional?
En ocasiones.
Las normas europeas y los convenios para evitar la doble imposición pueden reducir o eliminar las retenciones sobre dividendos, intereses y cánones.
La aplicación no es automática. Antes del pago deben revisarse la participación, la residencia fiscal, la condición de beneficiario efectivo y la sustancia de la estructura.
¿Reconoce España las reestructuraciones transfronterizas fiscalmente neutras?
Sí, en determinados supuestos.
Las fusiones, escisiones, canjes de valores y aportaciones de activos que cumplen los requisitos pueden beneficiarse de un régimen de diferimiento fiscal.
La operación debe ajustarse a las condiciones legales y responder a motivos económicos válidos.
¿Puede una empresa obtener seguridad previa de la Administración tributaria española?
En algunos casos.
La empresa puede presentar una consulta tributaria escrita sobre la aplicación de la normativa española a una operación concreta.
La respuesta depende de los hechos descritos, por lo que la operación debe exponerse con precisión.
¿Cómo trata España la planificación fiscal agresiva?
España aplica normas antiabuso nacionales, europeas y derivadas de la OCDE.
La Administración puede cuestionar estructuras sin sustancia económica o que no reflejen la forma real en que opera la empresa.
Los grupos deben poder explicar la finalidad de su estructura y la función de cada entidad.
¿Varía el sistema fiscal español entre comunidades autónomas?
En el ámbito empresarial, los principales impuestos son en gran medida estatales.
En el ámbito de las personas físicas, las diferencias autonómicas pueden afectar al IRPF, al Impuesto sobre el Patrimonio y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Esto puede ser relevante al trasladar directivos o accionistas.
¿Puede un problema fiscal en España afectar al resto del grupo europeo?
Sí.
Un ajuste fiscal en España puede afectar a otra sociedad del grupo o generar doble imposición.
Esto ocurre con frecuencia en ajustes de precios de transferencia, retenciones, establecimientos permanentes y conflictos de residencia fiscal.
¿Qué debe hacer una empresa si España y otro país gravan la misma renta?
El primer paso es revisar el convenio para evitar la doble imposición aplicable.
La doble imposición puede corregirse mediante una exención, una deducción por impuestos satisfechos en el extranjero o un procedimiento amistoso entre ambas administraciones.
Disponer de documentación sólida es esencial.
Haz que el sistema fiscal español trabaje a favor de tu empresa
Conocer las normas es el punto de partida. El verdadero valor está en aplicarlas correctamente a la estructura del grupo, las operaciones, la plantilla y los planes de crecimiento en España.
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